Tumaco y Buenaventura, dos municipios colombianos a orillas del Pacífico y devastados por décadas de violencia, son el punto donde se inicia el 70 por ciento del tráfico marítimo de cocaína en esa región. Sin embargo, la Administración de Trump planea reforzar la vigilancia militar en el Caribe y cerca de Venezuela.
La estimación es del Departamento de Defensa de Estados Unidos, según recoge un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) que se difundirá el lunes, y choca con el plan militar contra el narco anunciado por Donald Trump.
El miércoles el Mandatario aseguró que su Administración duplicará el despliegue de barcos de combate y soldados en el Caribe y en el Pacífico para evitar que los cárteles se afiancen durante la emergencia mundial del coronavirus.
Sin embargo, su equipo puso el acento en el Caribe y no ocultó que la estrategia pretende intensificar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro, a quien que la justicia estadounidense acusa formalmente de narcotráfico.
Los datos y los cálculos de los que dispone Washington demuestran que en Venezuela y en la costa oriental de Colombia se origina el 30 por ciento del tráfico marítimo de drogas, que representa un 85 por ciento del total. En cambio, el 15 por ciento de transporte aéreo sí está especialmente centrado en el Caribe.
Estados Unidos aún no ha ofrecido detalles sobre la operación militar, pero el Gobierno de Trump recibió críticas por no centrar todos sus esfuerzos de contención en el área donde se registran más incautaciones.
Las objeciones no llegaron solo de Caracas. El aparato del régimen está tan enfrentado a la Administración estadounidense que la retórica antiimperialista se ha convertido en la música de fondo de cualquier señalamiento, restándole credibilidad.
Las observaciones en este caso se dieron entre los expertos en lucha contra las drogas. Colombia, según el último informe de la Casa Blanca, conocido hace un mes, pasó en 2019 de 208 mil hectáreas sembradas con hoja de coca a tener 212 mil, lo que supone un nuevo récord.
El crecimiento es muy leve, se trata más bien de un estancamiento. Pero la producción y el tráfico no remiten y casi todo pasa por el Pacífico, entre Colombia y Ecuador.
“El gran problema del tráfico de drogas lo tenemos ahí”, señala Ariel Ávila, subdirector de Pares.
“Las autoridades estadounidenses reportan centenares de eventos desde el Pacífico, particularmente desde la costa de Nariño, que limita con Ecuador, y la costa pacífica del Cauca. Y allí es donde se vive la principal reconfiguración de la violencia luego de la dejación de armas de las FARC. Casi una veintena de organizaciones criminales y grupos armados ilegales se disputan metro a metro el territorio en toda esa zona”, asevera.
“La otra conclusión es que en el corto plazo no se ve una mejora del mercado de las drogas en Colombia”, continúa. “Tal vez la recesión producto del coronavirus sea la única esperanza, pero antes de eso había una fuerte demanda de la cocaína en varios mercados y con la revaluación del dólar el negocio se hacía muy lucrativo”.
La radiografía de la fundación, que se detiene en el análisis de los territorios fronterizos, revela que, al menos desde 2002, se siembra coca en los mismos espacios con menor o mayor intensidad.
El uribismo, la corriente política que se agrupa en torno al expresidente colombiano Álvaro Uribe se revolvió durante años contra Juan Manuel Santos acusándole de no haber tenido suficiente mano dura contra el narco.
Aun así, mientras se aproxima el ecuador del Mandato de Iván Duque, que llegó a la presidencia impulsado por Uribe, esa tendencia no tiene visos de invertirse.
El último cálculo anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, que se remonta al pasado agosto, sí reflejó un frenazo de los cultivos en 2018. Es decir, Colombia pasó de 171 mil hectáreas a 169 mil.
Los datos de la ONU suelen ser más prudentes que los de la Oficina de política nacional de control de drogas de Washington. En cualquier caso, el país andino sigue siendo epicentro mundial de la producción.
“La mayor cantidad de eventos (flujos de salida) se dio por el Pacífico colombiano. También es notorio como se reactivó la ruta del mar Caribe. Para el caso de Venezuela se nota una actividad importante, pero mucho menor a lo que se vive en el Pacífico”, describe el informe.
“La estrategia colombiana y norteamericana contra Maduro se basa en el principio de que por allí sale la mayor cantidad de droga que se produce en Colombia. Sin embargo, al revisar los datos del propio Gobierno de los Estados Unidos hay cosas que no cuadran”.
En realidad, las últimas acciones emprendidas por Washington contra el chavismo no ocultan que su objetivo de fondo es el derrocamiento del régimen, al considerarlo responsable de “inundar” de cocaína a Estados Unidos. La acusación de tráfico internacional de drogas busca incapacitar al sucesor de Hugo Chávez y a toda su cúpula en una supuesto escenario de transición.
Hace dos semanas la Armada de Colombia anunció un decomiso de 1.1 toneladas de cocaína que estaba siendo transportada en un semisubmarino a 70 millas de Buenaventura. Al mismo tiempo, las autoridades se incautaron de casi 600 kilos de marihuana en una lancha.
Detuvieron a ciudadanos colombianos y a cuatro extranjeros: un ecuatoriano, un costarricense, un nicaragüense y un mexicano. Estos episodios se multiplican precisamente en la costa del Pacífico. Mientas tanto, Trump y Maduro siguen con un pulso que es eminentemente político y va más allá de la lucha contra el narcotráfico.
Por El País Internacional, 5 de abril de 2020