Líderes del pueblo agrícola de McFarland en California, donde viven miles de inmigrantes indocumentados, votaron a favor de convertir dos prisiones estatales en centros de detención para migrantes. Esto ocurrió tan sólo dos meses después de que la oposición pública pareciera haber terminado con semejante propuesta.
Tras una reunión virtual de tres horas, el Consejo de la Ciudad de McFarland votó 4 a 0 a favor de un plan de Grupo GEO, operador de las prisiones, para convertirlas y detener en ellas hasta 1,400 migrantes.
Se estima que cerca de la mitad de los 15 mil residentes de McFarland son migrantes indocumentados, lo que significa que varios de ellos pasarán a estar recluidos en las mismas celdas que han acogido a criminales convictos.
La decisión sigue una serie de órdenes de la corte a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), que tiene contratos con GEO para operar las instalaciones en McFarland, y con el objetivo de reducir el número de migrantes retenidos debido al riesgo inminente que representa la pandemia de COVID-19.
El Administrador interino de la ciudad, Larry Pennel, había urgido al consejo aprobar la propuesta de GEO, argumentando que generaría ingresos para McFarland, y evitar la caída del municipio a la bancarrota.
Una nueva ley de California que prohíbe cárceles privadas, pudo haber costado a la ciudad una perdida de $1.5 millones de dólares en impuestos al año, que pagaba GEO, señalaron funcionarios.
Para esquivar la ley que el Gobernador Gavin Newsom promulgó en octubre y tomó efecto en enero, GEO y ICE alcanzaron un acuerdo en diciembre para convertir las prisiones estatales en instalaciones federales de detención de migrantes.
En enero, residentes de McFarland comenzaron a movilizarse contra la propuesta. En febrero de este año, cientos de manifestantes protestaron afuera de una reunión de la comisión planificadora, cuando se votaba para aprobar el plan por primera vez.
En aquella ocasión, un empate en la votación causó que la propuesta no procediera, y los manifestantes se declararon la victoria. Sin embargo, GEO apeló la decisión ante el Consejo de la Ciudad, lo que culminó en otra votación y aprobó el plan.
Grupos de defensores de migrantes y de los derechos civiles habían pedido al consejo posponer el voto hasta después de la crisis del coronavirus, para que los residentes pudieran participar.
Dada la resolución de los hechos, los defensores acusaron al consejo de realizar el voto intencionadamente mientras tenía efecto el confinamiento por COVID-19 en California, para asegurar que los manifestantes no pudieran asistir.
Con información de Miriam Jordan, The NYT News Service, 24 de abril del 2020